La pandemia llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad. Entregamos un primer acercamiento para visualizar grupos vulnerables, en el camino necesario de reforzar medidas de protección social y la lucha por un ingreso básico.
La pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región.
⦁ La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular. ⦁ Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral.
⦁ En la región, los mercados laborales suelen ser precarios: existe una alta proporción de empleos informales (un 53,1% en 2016, según la OIT, 2018). En 2018 solo el 47,4% de los ocupados aportaba al sistema de pensiones y más de 20% de los ocupados vivía en la pobreza. Las mujeres, las jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes están sobre representados entre los trabajadores informales. 1. Evolución de la pobreza y la pobreza extrema
* Ante la caída del 5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la CEPAL en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
* Este aumento de la pobreza y la pobreza extrema compromete gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo en 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 1) y más ampliamente el logro de todas las metas de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. * Los efectos de la pandemia sobre el PIB y el empleo son diferentes según los países, por lo que la magnitud de los incrementos de la pobreza y la pobreza extrema proyectados también varía.
Dada la incertidumbre del contexto actual y su evolución, en el cuadro 1 se presentan tres escenarios (bajo, medio y alto) de la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en 17 países de la región. En el escenario medio, la pobreza aumentaría 4,4 puntos porcentuales; en el escenario bajo, 3,4 puntos porcentuales, y en el alto, 5,5 puntos porcentuales.
* De esa información se desprenden cuatro conclusiones:
I) En todos los escenarios, la pobreza y la pobreza extrema aumentarían en todos los países. II) En el escenario alto, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y el Ecuador. III) También en el escenario alto, la pobreza en general aumentaría especialmente en la Argentina, México, el Ecuador y el Brasil. IV) Resalta la particular vulnerabilidad de las tres mayores economías de la región. * El impacto hasta aquí descrito considera únicamente las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada. En caso de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, se acentuará la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen (véase el gr. 1). Esta reducción es probable ante el fuerte impacto del COVID-19 en la región y en países extrarregionales receptores de migrantes latinoamericanos y caribeños, como los Estados Unidos y España.
* En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también aumentará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región (véase el cuadro 2). Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de la región en la década de 2000, cuando por primera vez en su historia se cambió la tendencia de la desigualdad y se aprendió que avanzar en la igualdad tenía resultados muy positivos en la lucha contra la pobreza. * En este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. En 2019, el 77% de la población de la región (470 millones de personas) pertenecía a los estratos de ingresos bajos o medios-bajos, sus ingresos per cápita eran de hasta tres veces la línea de pobreza (véase el gráfico 2) y no contaban con ahorros suficientes para enfrentar una crisis. En 2017, solo el 31,8% de las personas económicamente activas que vivían en hogares de los estratos de ingresos bajos y medios-bajos estaban afiliadas o cotizaban en el sistema de pensiones.
* Teniendo en cuenta la previsión de caída del PIB regional (5,3%) y el aumento del desempleo por los efectos de la pandemia, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica y caerían en una situación de pobreza extrema (véase el gráfico 2). Asimismo, el 15% de las personas que pertenecían a estratos bajos no pobres (entre 1 y 1,8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema (20,8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas).
* También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios, aunque los impactos —estimados como movilidad económica descendente entre estratos— disminuyen a medida que se avanza en la escala social. En este grupo, los estratos medios-bajos serían los más afectados. Se deterioraría la situación económica de al menos un 15% de estas personas: 16,7 millones pasarían a pertenecer a estratos de bajos ingresos, pero aún fuera de la pobreza, en tanto que 2,5 millones quedarían en situación de pobreza, principalmente no extrema. Los estratos intermedios sufrirían un deterioro menor, ya que solo el 11% de las personas pasarían a estratos inferiores (10,7 millones), quedando en su mayoría en el estrato medio-bajo (9,1 millones).
* Los estratos medios-altos y altos serían los menos afectados, con deterioros económicos que en su mayoría los llevarían al estrato inmediatamente inferior. Sin embargo, una pequeña proporción de las personas de estos estratos caería —al menos temporalmente— en situaciones de pobreza o pobreza extrema, en función de la disminución de sus ingresos corrientes.
* Aunque las personas pertenecientes a los estratos medios-altos y altos pueden recurrir a la liquidación de activos para sostener, aun a corto plazo, sus condiciones de vida, hay una proporción considerable de hogares (principalmente a medida que se desciende en la escala social) que mantiene sus condiciones de vida sobre la base del endeudamiento, por lo que una caída significativa de sus ingresos podría provocar sobreendeudamiento y la pérdida posterior de sus activos.
Grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica * La pandemia tiene un impacto discriminado en diversos grupos de población y su capacidad de respuesta. La imposibilidad de trabajar desde el domicilio, las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, su riesgo de muerte es mayor por la mayor incidencia de condiciones preexistentes de salud como enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes y por carecer de acceso adecuado a la atención médica. * Los diferentes impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social en la región, cuyos ejes estructurantes son la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial y el territorio, a lo que se suman otros factores como la condición de discapacidad, el estatus migratorio o la situación de calle. Estas desigualdades se acumulan, se potencian e interactúan entre sí, causando múltiples discriminaciones que conllevan diferencias en el ejercicio de los derechos. * Las medidas de protección social de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los efectos de la pandemia deben considerar el bienestar de toda la población, especialmente el de los grupos que experimentan múltiples formas de exclusión y sufren más agudamente los impactos de la crisis (véase el cuadro 3). Por ello, la protección social y el bienestar deben ser vistos con una perspectiva de universalismo sensible a las diferencias, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, carencias y discriminaciones de grupos específicos. * Los grupos más afectados abarcan una gran proporción de la población de los países de la región. Por ejemplo, en el caso del Brasil, las estimaciones realizadas por la Institución Fiscal Independiente (IFI), órgano del Senado de dicho país, con información hasta el 1 de mayo de 2020 indican que la mitad de la población (111 millones de personas) podría requerir ayuda económica para enfrentar los efectos de la pandemia, lo que supondría un costo de más de 37.000 millones de dólares. Esto implicaría duplicar con creces el alcance de las medidas en curso, que llegan a unos 50 millones de personas con un costo de 17.000 millones de dólares (Folha de S. Paulo, 2020).
* Si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, la situación de los trabajadores informales de ambos sexos, y especialmente la de las mujeres y las personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes resulta de la confluencia de los ejes de la desigualdad y constituye un fuerte núcleo de vulnerabilidad. La gran mayoría de estos trabajadores no disponen de ahorros suficientes para enfrentar la crisis en un escenario en que, además, las remesas también pueden sufrir una fuerte contracción. * Las medidas de distanciamiento físico les impiden desarrollar sus actividades y generar ingresos que les permitan mantenerse fuera de la pobreza. Al contar con un escaso o nulo acceso a la seguridad social, su capacidad para beneficiarse del seguro de desempleo o acceder a la atención de salud queda considerablemente restringida, una situación en la que se encuentran la mayoría de estas personas. Cabe señalar que solo ocho países latinoamericanos y tres caribeños cuentan con seguro de desempleo. * El incremento del trabajo informal ante el aumento del desempleo dificultará que esos trabajadores y sus familias accedan a ingresos para sostener un nivel de vida digno. Esta situación presionará además la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social por la disminución de los aportes directos y las posibles reducciones de cobertura.
* Las mujeres se encuentran en una situación particularmente vulnerable. Al contar con una inserción laboral en condiciones de mayor precariedad y una mayor representación en el trabajo informal (en 2016 esta era del 54,3%, frente al 52,3% en el caso de los hombres (OIT, 2018)), están más expuestas al riesgo de desempleo. Las trabajadoras domésticas remuneradas (el 11,4% de las mujeres ocupadas), muchas de ellas migrantes, indígenas o afrodescendientes, se encuentran en una situación particularmente compleja. Pocas tienen acceso a la seguridad social, y están más desprotegidas en escenarios de desempleo sostenido. Al no poder trabajar a distancia, los ajustes de los presupuestos de las familias empleadoras aumentan la incertidumbre de su remuneración, sobre todo en el caso —frecuente— de no contar con un contrato formal. En un contexto de confinamiento, cierre de escuelas y necesidad de cuidados ante la posible presencia de uno o más contagiados en el hogar, la carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como los casos de violencia hacia ellas, se incrementan significativamente.
* Los niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por el cierre de las escuelas. Al 27 de abril de 2020, 35 países de la región habían decidido suspender las clases en todos los niveles educativos, lo que ha afectado a más de 115 millones de alumnos desde el nivel preescolar hasta el terciario (UNESCO, 2020). Si bien 21 de esos países han establecido formas de continuidad de los estudios a distancia, esto puede acentuar las brechas de aprendizaje entre los alumnos de las escuelas públicas y las privadas, en detrimento de la población de menores recursos. Si el período de suspensión es muy largo, aumentará el riesgo de abandono escolar, particularmente para los afectados por la caída drástica de los ingresos familiares. Aumenta también el riesgo para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes a raíz del confinamiento y el estrés familiar.
* El sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes está en peligro. Si no se mantienen los programas de alimentación escolar se deteriorará la nutrición y alimentación de la población estudiantil de los sectores más vulnerables. El incremento de la desnutrición infantil y la malnutrición por exceso de peso son riesgos críticos que se deben prevenir.
* Es probable que los hijos de las familias más pobres se vean obligados a entrar en el
mercado de trabajo, lo que incrementaría las tasas de trabajo infantil (que corresponden al 7,3% de los niños de 5 a 17 años, unos 10,5 millones de niños (OIT, 2018). En el caso de las niñas y las adolescentes se debe agregar el posible aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
* En una situación de aumento del desempleo y restricción de los presupuestos familiares, la población joven enfrentará un escenario más adverso respecto de sus oportunidades de continuidad educativa e inserción laboral, lo que impactará en sus trayectorias de inclusión social y laboral, especialmente entre aquellos que pertenecen a los estratos de ingresos bajos. Esto reviste una especial gravedad en aquellos países cuya tasa de desempleo juvenil es estructuralmente mucho mayor que la del promedio de la economía.
* Las personas mayores de 60 años, es decir, cerca del 13% de la población de la región (85 millones de personas), enfrentan una mortalidad más alta en la pandemia; por tanto, su demanda de atención especializada y crítica de salud es mayor. Asimismo, el aislamiento en que viven muchas de ellas limita su capacidad para responder a la enfermedad, genera riesgos para su seguridad alimentaria y puede afectar su salud mental.
* La crisis puede profundizar las desigualdades y la exclusión social y laboral que sufren los pueblos indígenas y afrodescendientes: participan en gran medida en trabajos por cuenta propia no calificados y brechas salariales con respecto a los hombres no indígenas ni afrodescendientes, y la situación es particularmente grave en el caso de las mujeres. Los ingresos laborales por hora de las mujeres indígenas son menos de un tercio de los que reciben los hombres no indígenas ni afrodescendientes con el mismo nivel educativo. Asimismo, la discriminación estructural y el racismo dificultan el acceso efectivo de las personas indígenas y afrodescendientes a los servicios de salud.
* Las desigualdades en el acceso al agua, al saneamiento, a los sistemas de salud y a la
vivienda (y el consecuente hacinamiento), así como la desigualdad en las propias condiciones de salud, pueden traducirse en mayores tasas de contagio y mortalidad por COVID-19 entre las poblaciones rurales, las poblaciones urbanas marginales, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Por ejemplo, al 9 de abril de 2020 los afrodescendientes representaban el 45,2% de las muertes por COVID-19 del Brasil, pese a representar solo el 37,4% de las hospitalizaciones (Ministerio de la Salud, 2020).
* Las medidas de confinamiento pueden ampliar las barreras que encuentran las personas con discapacidad para acceder al sistema educativo y a un trabajo decente con ingresos suficientes y protección social; esta situación es especialmente grave para quienes, debido a su situación económica, no cuenten con los dispositivos requeridos para continuar con sus actividades educativas o laborales desde el hogar.
* Las personas migrantes se ven afectadas por el cierre de las fronteras, las dificultades de desplazamiento y el incremento del desempleo. Su acceso a los sistemas de salud y a la protección social es deficitario a causa de la escasa oferta para los migrantes, así como por su temor a ser identificados cuando dicha oferta está disponible. Estos problemas se agudizan en el caso de la niñez migrante —acompañada o no— en situación de desplazamiento interno y ante el posible aumento de xenofobia y la discriminación y el racismo en contra de los migrantes (UNICEF, 2020).
* Las personas en situación de calle están sobre expuestas al riesgo de enfermar por el COVID-19 producto de su carencia de vivienda, alimentación y acceso a la salud. También es el caso de las personas privadas de la libertad, debido al alto riesgo de contagio derivado de sus condiciones de reclusión.
** Foto de portada: Arien Chang (La Habana, 1979)
Dibujos en nota: Adam Riches (British, 1983)
Informe Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe.
(*) Informe completo: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-
desafio-social-tiempos-covid-19
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